La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha emitido una alerta oficial sobre una modalidad de financiamiento criminal que ha crecido de forma exponencial en los últimos meses. Se trata de la explotación de máquinas tragamonedas en establecimientos informales, un negocio que, bajo una apariencia de entretenimiento inofensivo, se ha convertido en una pieza clave para la logística del narcotráfico en México.
Según los informes de inteligencia militar, estos dispositivos no solo generan ingresos millonarios libres de impuestos, sino que sirven como una herramienta de control territorial. Los grupos delictivos utilizan la instalación de estas máquinas en pequeñas tiendas de abarrotes, farmacias y mercados para establecer una presencia constante en las colonias, amedrentando a comerciantes y captando información en tiempo real sobre los movimientos en la zona.
El Ejército subraya que este fenómeno no debe verse como un problema menor de juego ilegal. Por el contrario, representa una red de micro-lavado de dinero que alimenta las estructuras operativas de los cárteles. La facilidad para mover y esconder estas máquinas hace que su combate sea complejo, requiriendo una coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno para desmantelar estas redes de financiamiento hormiga.
El impacto social y la captación de menores por el crimen organizado
Uno de los puntos más preocupantes destacados por la Sedena es la vulnerabilidad de la población infantil y juvenil ante este negocio. Las máquinas tragamonedas suelen ubicarse en puntos de alta afluencia vecinal, lo que facilita que los menores de edad se acerquen a ellas. Esto no solo fomenta la ludopatía temprana, sino que sirve como el primer punto de contacto entre los jóvenes y las redes delictivas locales.
Los informes señalan que, en muchos casos, los “encargados” de recolectar las ganancias de estas máquinas son jóvenes reclutados por el narco, quienes comienzan realizando tareas sencillas de supervisión. De esta manera, el crimen organizado establece una base de operaciones socialmente aceptada en la cotidianidad de las comunidades más desfavorecidas, normalizando la presencia de actividades ilícitas a la vista de todos.
Además, los comerciantes que se niegan a instalar estas máquinas o que intentan retirarlas son víctimas frecuentes de extorsión y violencia. El Ejército ha detectado que el “cobro de piso” y la operación de las tragamonedas van de la mano; si un locatario acepta la máquina, a menudo se le reduce la cuota de extorsión, convirtiéndolo, involuntariamente o bajo amenaza, en un eslabón más de la cadena criminal.
Operativos de decomiso y el reto de la regulación estatal
Ante esta situación, las fuerzas federales han intensificado los operativos de decomiso en diversos estados del país. Sin embargo, las autoridades admiten que por cada máquina destruida, los grupos criminales logran instalar dos más debido al bajo costo de producción y la alta rentabilidad. El reto actual reside en la falta de una regulación estricta que permita sancionar penalmente a quienes facilitan el espacio para estas actividades.
La Sedena ha hecho un llamado a las fiscalías estatales para que no clasifiquen estos decomisos únicamente como faltas administrativas o violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. El objetivo es que se investiguen como parte de una estructura de delincuencia organizada, permitiendo así rastrear el flujo de dinero hacia las cúpulas de los cárteles y golpear sus finanzas desde la base.
Se espera que en las próximas semanas se anuncien nuevas estrategias de seguridad que incluyan campañas de concientización para los padres de familia y dueños de pequeños negocios. La intención es desmitificar el uso de estas máquinas y alertar sobre los riesgos reales que implica interactuar con ellas, buscando asfixiar este recurso financiero que, poco a poco, ha permeado en la estructura económica de los barrios más vulnerables del país.
