La crisis de seguridad en el estado de Sinaloa alcanzó un nuevo nivel de gravedad este miércoles 28 de enero de 2026. Los diputados pertenecientes al partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, fueron víctimas de un ataque directo con armas de fuego mientras se desplazaban por una de las vías principales de la entidad.
El incidente ocurrió en un contexto de extrema tensión en la región, la cual ha sido azotada por constantes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en los últimos meses. Este atentado contra figuras públicas del Poder Legislativo representa un desafío directo a las instituciones del Estado y a la gobernabilidad del país.
Según los primeros reportes de las autoridades de seguridad pública, el vehículo en el que viajaban los legisladores fue interceptado por un comando armado. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga, dejando tras de sí una escena de caos que movilizó a todas las corporaciones policiales y al Ejército Mexicano.
Detalles del atentado y estado de salud de las víctimas
El ataque se registró en las inmediaciones de la zona urbana, lo que provocó el pánico entre los ciudadanos que circulaban por el lugar. Testigos oculares relataron haber escuchado ráfagas de armas automáticas, seguidas por el rechinar de llantas de los vehículos de los atacantes que escaparon a gran velocidad.
Tras el reporte al número de emergencias, unidades de paramédicos arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios a los diputados. Se ha confirmado que ambos presentan heridas de gravedad y fueron trasladados bajo un fuerte operativo de seguridad a un hospital cercano, donde su estado de salud se mantiene bajo pronóstico reservado.
El lugar del crimen fue acordonado de inmediato por peritos de la Fiscalía General del Estado para la recolección de indicios balísticos. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de personas vinculadas con el hecho, a pesar de que se implementó un cerco policial en las salidas de la ciudad y se activó la vigilancia aérea mediante helicópteros.
El partido Movimiento Ciudadano emitió un comunicado urgente condenando enérgicamente los hechos. En el texto, exigieron a los tres niveles de gobierno una investigación exhaustiva que permita dar con los responsables intelectuales y materiales de lo que calificaron como un acto de “barbarie política”.
Consecuencias políticas y la respuesta del Gobierno
Este atentado se suma a una lista creciente de agresiones contra actores políticos en Sinaloa, lo que ha generado un clima de incertidumbre de cara a los próximos procesos electorales y la actividad legislativa diaria. La seguridad de los funcionarios públicos se ha vuelto un tema de debate nacional ante la aparente vulnerabilidad frente a los grupos criminales.
El Gobierno del Estado ha anunciado una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad para analizar la situación y reforzar la presencia de la Guardia Nacional en los puntos más conflictivos. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil y partidos de oposición han señalado que las estrategias actuales han sido insuficientes para frenar la escalada de violencia.
La opinión pública ha reaccionado con indignación, exigiendo resultados tangibles más allá de las promesas de justicia. La percepción de impunidad es un factor que pesa sobre la administración actual, que se enfrenta a la difícil tarea de recuperar el control territorial en zonas donde los grupos armados parecen operar con total libertad.
En las próximas horas se espera una conferencia de prensa por parte de la Fiscalía local para ofrecer detalles sobre el calibre de las armas utilizadas y posibles líneas de investigación. Mientras tanto, el entorno político se mantiene en vilo, esperando la evolución médica de los diputados y una respuesta oficial que garantice que este crimen no quedará sin castigo.
